Tampoco lo suscribió Luis Gutiérrez, demócrata por Illinois, pero Pierluisi restó importancia a la falta de apoyo de los tres congresistas de origen boricua.
"En cuanto a estos tres congresistas, ellos tienen todo el derecho de participar en el proceso, pero el que representa a Puerto Rico es el comisionado residente, este es el proyecto de plebiscito del comisionado residente como debe ser", dijo Pierluisi.
La medida autoriza al gobierno local a celebrar un primer referéndum en el que los electores podrán escoger entre dos opciones: "Puerto Rico debe continuar con su presente status" o "Puerto Rico debe tener un estatus político diferente".
El proyecto congresional de sólo cuatro páginas dispone que si la mayoría favorece el status actual, el gobierno puertorriqueño está autorizado a celebrar un plebiscito cada ocho años para ver si el electorado desea un cambio de estatus.
Si en la primera consulta la mayoría favorece cambiar su relación política actual con los Estados Unidos, entonces se celebraría una segunda consulta con tres alternativas: independencia, soberanía en asociación con Estados Unidos que no está sujeta a la cláusula territorial y estadidad.
Los costos de las consultas los asumirá el gobierno local para evitar "un tranque" en el Congreso con la aprobación del proyecto, detalló Pierluisi en conferencia de prensa telefónica desde Washington D.C.
Serán elegibles para votar todos los nacidos en Puerto Rico, aunque residan fuera del país, y todos los ciudadanos estadounidenses que residan en la isla y cumplan con los requisitos de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), precisó.
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El proyecto presentado no habla de los procesos de transición hacia un cambio de estatus, en caso de que se escoja la segunda opción.
"La realidad es que esto es un primer paso que no hemos tenido nunca los puertorriqueños... se le va a permitir al pueblo expresar su preferencia de status, no puede incluir todos esos detalles porque se estancaría el proceso y hay que aprender del pasado", dijo Pierluisi.
Lo que sí no sería aceptable para el gubernamental Partido Nuevo Progresista, que apoya la anexión, es el territorio incorporado previo a su conversión en el estado 51.
"El territorio incorporado es totalmente innecesario, no le hace sentido a Puerto Rico. Puerto Rico, para todos los efectos prácticos, estamos más que preparados para ser estado, por eso (el proyecto) no entra en esos detalles", dijo el comisionado residente.
El gobernador Luis Fortuño defendió la medida y la calificó como "un proyecto de status que es justo, es balanceado, trata de evitar los puntos de discordia y trata de buscar los puntos que tenemos en común los distintos partidos".
"Tiene más de 80 coauspiciadores originales ya... lo cual demuestra que hay un interés dramático en el Congreso de los Estados Unidos de facilitar un proceso mediante el cual los puertorriqueños seamos los que escojamos nuestra preferencia de status", añadió el mandatario.
Los resultados de las votaciones en ambas consultas serán certificados por la CEE al presidente estadounidense y al Congreso de los Estados Unidos, según establece la medida.
"Este proyecto no excluye a opción de estatus alguna, y tampoco favorece a cualquiera de éstas. Le permite al pueblo de Puerto Rico expresar sus aspiraciones en cuanto al estatus político de la Isla en una serie de procesos democráticos de votación. Por lo tanto, asegura que los diferentes puntos de vista de todo el pueblo sean escuchados en este asunto tan fundamental", destacó Pierluisi al presentar la medida.
El alto liderato de los partidos Popular Democrático e Independentista Puertorriqueño han vaticinado el fracaso del proyecto porque no fue una medida de consenso y la historia indica que siempre que las tres facciones políticas han ido divididos al Congreso nunca progresan las piezas legislativas para que se atienda el centenario problema de indefinición política.
Empero, Pierluisi se mostró confiado en que, esta vez, no ocurra lo mismo.
"Me siento optimista que este proyecto recibirá la debida consideración en comité, que será llevado a votación en el pleno de la Cámara de Representantes y que finalmente será aprobado por este cuerpo con un gran apoyo bipartita", dijo el comisionado residente.
La medida no precisa las fechas en qué se celebrarían las consultas.
Si el proyecto —llamado Ley de Democracia para Puerto Rico (Puerto Rico Democracy Act of 2009)— prospera y logra su aprobación en el Senado federal y finalmente es firmado por el presidente Barack Obama, sería la primera vez en 111 años que los puertorriqueños se expresarían en un plebiscito de estatus con aval del Congreso.
Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos desde 1898 y tiene un gobierno propio desde el 1952.
Copyright 2009 The Associated Press.
