El proyecto, presentado el 28 de octubre, contraviene los derechos constitucionales de libre expresión garantizados en las constituciones puertorriqueña y de Estados Unidos, dijo a Prensa Asociada el presidente del Colegio de Abogados, Arturo Hernández.

La medida, también suscrita por los senadores Héctor Martínez, Carmelo Ríos, Itzamar Peña y Norma Burgos, dispone que: "Toda persona que atente contra la moral de otra persona con difamaciones, injurias, escritos o imágenes, fotomontajes por vía electrónica o a través de la red internet, incurrirá en delito grave de cuarto grado, y será sancionado con pena de reclusión que no excederá seis (6) meses o multa que no excederá de 5,000 dólares o ambas penas".

Sin embargo, el proyecto de ley — que será evaluado por la Comisión de lo Jurídico Penal que preside Peña— no define lo que es "moral".

"Lo moral es un criterio sumamente subjetivo lo que para una persona es moral para otra puede resultar inmoral. Esta medida incide peligrosamente contra el derecho constitucional a la libre expresión. Por ejemplo, la creación de caricaturas donde se mofen o satiricen cualquier figura pública y es un peligro que puedan tratar de querer penalizar una manifestación como esa", dijo Hernández a la AP en entrevista telefónica.

Hernández se manifestó sumamente preocupado con la actitud del presente gobierno de Luis Fortuño de atentar contra todo grupo o voz disidente como se hizo contra el Colegio de Abogados, al eliminar la colegiación compulsoria.

"Este proyecto atenta contra ese derecho fundamental de libre expresión y me preocupa que este gobierno está creando un estado de intolerancia y altamente represivo", sostuvo.

El Presidente de los togados adelantó que si se aprueba la ley habría que retarla en los tribunales y advirtió que podría llegar incluso hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos.