También se investigará la dilación en el pago a la asociación de médicos independientes (IPAs) y a los proveedores de servicios de salud por servicios prestados a los pacientes, así como el alegado abuso de discreción de las aseguradoras al determinar si ofrecen cubierta médica a los pacientes.

"Los procesos de contratación de las aseguradoras, con contratos con el gobierno, inciden sobre los servicios provistos a los pacientes cubiertos, el costo de los servicios de salud que subsidia el estado, así como en la política publica del estado sobre los servicios de salud", expresó Rivera Schatz al justificar la Resolución del Senado 575, de su autoría.

Entre otras cosas, el líder senatorial ordenó investigar el costo, el control del mercado y los beneficios para el estado y los pacientes.

Domingo Nevárez, director de la Administración de Seguros de Salud (Ases), sostuvo que entre los criterios para la contratación de las aseguradoras, figuran la "solvencia económica, que sigan ciertos requisitos del programa Medicaid, cumplir con la Carta de Derechos del Paciente, revisar las posibles querellas a través de la Oficina de Proveedores y Beneficiarios, planillas radicadas hace cinco años, y se evalúa su compañía matriz o alguna subsidiaria que tenga, entre otros".