SAN JUAN (AP) — El presidente ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Fernando Martín, sostuvo el miércoles que la acción de la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal (JREF) de extender la fecha en que serán efectivos los miles de despidos de trabajadores públicos es sólo una respuesta a decisiones judiciales. "Esta decisión no es otra cosa que dándole cumplimiento a las determinaciones judiciales en la medida en que los tribunales han detenido algunos de los despidos por diversas razones", sostuvo en entrevista radial (WKAQ). "Nadie se debe llamar a engaño o ilusionarse de que esto representa un cambio en la determinación del gobierno de proceder" con los despidos, añadió. A su juicio, la implementación de las cesantías "ha sido tan torpe" como los despidos mismos, por lo que las compañías contratadas para ayudar en ese proceso "deberían devolver el dinero que cobraron porque han sido unos incompetentes".

El martes, a sólo tres días de que entraran en vigor la mayoría de los 16,970 despidos de la segunda ronda, la JREF pospuso hasta enero el despido de sobre 7,000 empleados públicos en aquellas agencias gubernamentales en las que no se siguieron las disposiciones de la Ley 7 de emergencia fiscal.

El presidente de la JREF, Carlos García, indicó que "unas 7,191 cesantías que hubieran sido efectivas este viernes, 6 de noviembre de 2009, serán efectivas en enero de 2010. Estos empleados deberán recibir una notificación a tales efectos antes de este viernes".

Sólo unos 2,774 trabajadores gubernamentales se quedarán sin trabajo este viernes.

La JREF estimó que finalmente serán despedidos 14,521 empleados de los 16,970 que recibieron cartas de cesantías el 25 de septiembre, ya que unas 1,649 cesantías fueron dejadas sin efecto por razón de la naturaleza crítica de los puestos y otras 800 cesantías pudieran quedar rescindidas porque la antigüedad de los empleados es mayor de 13 años y seis meses de servicio.

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